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Crecen las acciones represivas en Chiapas

Aplica gobierno estatal estrategia de contrainsurgencia, sostiene
Crecen las acciones represivas en Chiapas, afirma el Frayba
Intentaron quemar un centro para mujeres en San Cristóbal

Hermann Bellinghausen
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) denunció que han aumentado las acciones represivas contra integrantes de organizaciones campesinas, civiles y de defensa de derechos humanos, “como parte de la estrategia de contrainsurgencia ordenada por la administración federal y ejecutada por el gobierno de Chiapas”.
En el clima que describe el organismo destaca el intento de incendiar las instalaciones del centro Kinal Antsetik la noche del 26 de septiembre en San Cristóbal de las Casas, por un desconocido vestido de negro y cubierto con pasamontañas.
El sujeto “ingresó a las instalaciones del Centro de Formación y Capacitación para Mujeres de la Asociación Civil Kinal Antsetik, roció gasolina y prendió fuego a las vigas de madera”. Algunas jóvenes que residen en ese lugar impedieron el incendio.
Kinal Antsetik es un organismo civil integrado fundamentalmente por indígenas; promueve sus derechos, combate la violencia de género, impulsa la participación política y brinda acompañamiento a colectivos de mujeres.
En meses recientes la cofundadora de Kinal Antsetik, Yolanda Castro Apreza, y Daniel Alfonso Luna Alcántara, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), sufrieron allanamientos y vigilancia policial.
El pasado 30 de septiembre fue detenido José Manuel Hernández Martínez, Chema, dirigente histórico de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-Región Carranza), en la comunidad 28 de Junio del municipio de Venustiano Carranza, en un operativo de las procuradurías generales de la República y de Justicia del Estado (PGJE).
En esa ocasión los agentes ingresaron en un vehículo de la Comisión Federal de Electricidad vestidos con uniforme de dicho organismo y no presentaron documento alguno en el momento de la detención.
Hernández Martínez está recluido en el penal El Amate acusado de asociación delictuosa, despojo agravado y daños, además de atentados contra los símbolos patrios y conspiración, entre otros ilícitos.
De acuerdo con fuentes confiables, sostiene el CDHFBC, Hernández Martínez “fue interrogado en las instalaciones de la PGJE por personas que en forma insistente le preguntaban si pertenecía al Ejército Popular Revolucionario y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional; si tenía alguna relación con monseñor Samuel Ruiz García y con Diego Cadenas (presidente y director del Frayba, respectivamente) o con el FNLS”.
La OCEZ de Carranza se encontraba en un diálogo con las autoridades del estado, representadas por Nemesio Ponce Sánchez, subsecretario general de gobierno.
El CDHFBC ha denunciado con anterioridad “la política de represión que el gobernador Juan Sabines Guerrero aplica contra las organizaciones sociales y civiles que no se someten a sus directrices ni firman su Pacto de gobernabilidad”.
En julio pasado, Ruiz García y Cadenas Gordillo comunicaron personalmente a Sabines Guerrero y a Ponce Sánchez que contaban con información confiable de que existían órdenes de investigación judicial contra diversos activistas sociales y defensores de derechos humanos, vinculándolos con organizaciones guerrilleras. El gobernador negó que existiera tal investigación.
Durante su trabajo de documentación, el organismo “ha ubicado patrones y prácticas” que permiten considerar que el gobierno estatal implementa una estrategia de contrainsurgencia cuyo “objetivo militar” es la población civil que, “según los órganos de inteligencia, apoya la insurgencia”.
Utiliza la fuerza pública para reprimir, encarcelar y asesinar a integrantes de movimientos y organizaciones, “usando y corporativizando los medios de comunicación para acallar las denuncias y desacreditar la defensa de derechos humanos”.
Para el CDHFBC, los daños a las instalaciones de Kinal Ansetik, el hostigamiento contra defensores, los encarcelamientos de Hernández Martínez y más de 20 integrantes de la MOCRI-CNPA-MN e indígenas de San Sebastián Bachajón, así como los asesinatos de campesinos y migrantes por parte de elementos de la policía estatal preventiva “dan muestra del autoritarismo del gobierno de Chiapas”.

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